Al final, ¿cuántos fueron los desaparecidos en la Argentina?

Por Ceferino Reato*

Hasta hace unos años yo también creía que los desaparecidos durante la última dictadura militar, la más sangrienta de la historia argentina, habían sido 30 mil; no tenía ningún motivo para dudar de esa cifra; me parecía cierta desde que me interesaron los derechos humanos, en 1980, apenas llegué a Buenos Aires desde mi provincia natal, Entre Ríos, para estudiar Periodismo.

Comencé a cuestionar ese número mágico y a escribir sobre las irregularidades en las listas oficiales de víctimas del terrorismo de Estado mucho tiempo después, cuando me enteré de lo que había sucedido con los guerrilleros muertos durante un ataque del grupo guerrillero Montoneros a un cuartel en la lejana ciudad de Formosa, en el límite con Paraguay, a 1.200 kilómetros de la capital argentina.

El asalto a ese cuartel ocurrió en 1975, en el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, la viuda del general Juan Domingo Perón, figura cumbre de la política local en la segunda mitad del siglo pasado.

Los guerrilleros se preparaban ya para resistir el golpe militar que casi todos esperaban y por eso habían formado el Ejército Montonero, cuyo debut fue, precisamente, el copamiento del cuartel. Les salió mal porque los soldados de 21 años que estaban de guardia no entregaron sus armas; en treinta minutos de combate hubo 24 muertos, 12 por bando, y los agresores se retiraron.

Sector del Regimiento donde se produjo el ataque de montoneros (5 de octubre de 1975)

Ése fue el tema de mi segundo libro sobre los 70. Como parte central de mi investigación, viajé al nordeste del país para entrevistar a ex soldados y ex guerrilleros. Puedo recordar bastante bien aquella tarde del 1° de agosto de 2009 en un hall del Hotel Internacional de Turismo, en el centro de Formosa.

“Pero, ¿usted no se da cuenta de lo que pasó? ¿Cómo puede ser que los familiares de los guerrilleros muertos hayan cobrado tanto dinero mientras nosotros, que defendimos el cuartel, y nuestros hijos tengamos que vivir así, tan pobres?”. El desahogo del flaco parado detrás de todos, los brazos cruzados, la gorra gris hasta las cejas, se escuchó fuerte y sonó mal, fuera de lugar, en un ambiente donde, si bien éramos muchos, todo se decía en voz baja, con esa suave elegancia en el contar que tienen los formoseños.

Sus compañeros lo hicieron callar de inmediato. Menos mal que le pregunté a qué se estaba refiriendo. Porque fue gracias a lo que me dijo Rogelio Mazacotte que me enteré que los guerrilleros muertos en aquel combate figuraban como víctimas del terrorismo de Estado y, por lo tanto, sus familiares habían cobrado la indemnización prevista para esos casos.

No tenía idea de eso. Igual, me vine con la duda; no le creí del todo, si bien sus compañeros compartían lo que Mazacotte afirmaba tan seguro. También me dijo que era albañil y que a veces “sentía” las heridas que recibió en aquel combate, dos en el estómago y una en un muslo. Pero que tenía que seguir trabajando mucho porque no había alcanzado el grado de invalidez que le hubiera permitido recibir una pensión del Ejército.

En Buenos Aires, pronto comprobé que Mazacotte tenía razón y fue así, tirando de ese dato clave, que encontré que, mientras los parientes de cada guerrillero cobraron, en promedio, unos 224 mil dólares, los familiares de los “colimbas” —por el corre, limpia y baila que les tocaba en los cuarteles— muertos cobraban una pensión mensual miserable.

La comparación entre ambos pagos mostraba una asimetría evidente: de acuerdo con la tasa de interés que se tomara, para el Estado la vida de un guerrillero valía entre seis y siete veces más que la de un soldado conscripto, que estaba aquel día de guardia cumpliendo con la ley.

Pero, lo más grave —para mí— resultó que el Estado, representado por los gobiernos democráticos que se sucedieron a partir de 1983, habían pagado esas indemnizaciones a familiares de guerrilleros que, en otro gobierno democrático, atacaron un cuartel del Ejército y murieron en un combate franco con los soldados que estaban de guardia.

Es decir: no eran víctimas del terrorismo de Estado. No fueron los únicos indemnizados de manera irregular.

Ocurrió que, con el tiempo, los gobiernos democráticos fueron estirando el alcance de las leyes que a partir de 1994 establecieron una justa indemnización para los parientes de las personas asesinadas y desaparecidas (también fueron eliminados, pero con el agravante de que sus cuerpos resultaron destruidos u ocultados por los militares en fosas comunes).

Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti

De esta manera, las indemnizaciones ya no beneficiaron solo a los muertos desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino que alcanzaban a los militantes fallecidos desde mucho antes, a partir de 1955, cuando fue derrocado el general Juan Domingo Perón, sin que importara demasiado si habían sido efectivamente asesinados por la policía o los militares e incluso si habían muerto en la Argentina o en otro país.

Aquel viaje a Formosa me despabiló también sobre el número de las víctimas de la dictadura. ¿Fueron efectivamente 30 mil compatriotas?

Los militares tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 convencidos de que tenían que “eliminar a un número grande personas para ganar la guerra contra la subversión”, según me dijo el ex dictador Jorge Rafael Videla en una serie de reportajes. “Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”, agregó.

La matanza puede ser cuantificada mediante tres fuentes públicas: el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), de 1984; la corrección de ese informe, publicado en 2006, y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), de 2015.

Los números de esas tres fuentes son los siguientes:

— En el gobierno del radical Raúl Alfonsín y luego de ocho meses de trabajo, la Conadep señaló que hubo 8.960 víctimas.

— Ese informe fue depurado y actualizado en el gobierno de Néstor Kirchner, y el resultado fue un nuevo Nunca más, presentado en 2006: 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de “ejecución sumaria”; 7.158 en total.

— Días antes del final del segundo gobierno de Cristina Kirchner, la secretaría de Derechos Humanos publicó el RUVTE en su sitio de internet. Elaborado en septiembre de 2015, este documento cambió ciertos criterios, canceló casos erróneos y sumó nombres nuevos. La conclusión: hubo 6.348 desaparecidos y 952 víctimas de “asesinato”; 7.300 en total.

Si bien está lejos de los 30 mil, la cifra de 7.300 víctimas en los siete años de la última dictadura indica una matanza atroz, un descenso al infierno.

El informe de 2015 fue difundidos al año siguiente por el nuevo gobierno, de Mauricio Macri, de centro derecha, no peronista, en respuesta al pedido de informes de una Organización No Gubernamental.

Las entidades de derechos humanos interpretaron que el Registro había sido elaborado por los funcionarios de Macri y salieron a criticarlo, pero, en realidad, era una herencia del tercer gobierno kirchnerista.

“Nos espanta, pero no perdemos las fuerzas. No sé de dónde han salido esas cifras y de dónde vienen las respuestas. Nunca se dio una cifra así. Es vergonzoso, nos humilla”, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Si bien las cifras de 2015 son muy similares a las de 2006, no pueden ser consideradas como definitivas ya que los listados dependen de las denuncias de parientes, amigos, camaradas, abogados y organizaciones de derechos humanos, que pueden ser presentadas en cualquier momento.

Siempre se especuló con que los jefes militares tengan en algún lugar una lista definitiva de víctimas, pero nunca fue encontrada. Hay que tener en cuenta que la represión ilegal fue descentralizada, estuvo a cargo de los jefes de las zonas, subzonas y áreas en las que fue dividido el país.

Dado el tiempo transcurrido es improbable que las víctimas de la dictadura puedan llegar a la cifra de 30.000 a la que se aferran los organismos de derechos humanos y la mayoría de los dirigentes políticos, encabezados por la izquierda y el kirchnerismo.

El Parque de la Memoria, Buenos Aires

En ese contexto, el emblemático monumento emplazado en el Parque de la Memoria, en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, contiene 30 mil placas, como si estuvieron esperando los nombres de casi 23 mil personas que algún día habrán de llegar.

Ni siquiera contando a todos los militantes muertos desde 1955, cuando fue derrocado el segundo gobierno de Perón, tampoco se llega —ni cerca— a los 30 mil. El último registro, de 2015, contabiliza un total de 8.631 víctimas desde 1955 a 1983, una cifra similar a la del Parque de la Memoria.

¿Por qué entonces las entidades de Derechos Humanos continúan levantando la bandera de los 30.000 desaparecidos y ni siquiera admiten que esa cifra pase a tener un carácter más bien simbólico? ¿Por qué se enojan tanto con quienes cuestionamos esa cifra, aunque citemos las fuentes que corresponde, que son los registros del Estado? ¿Por qué califican de “negacionistas” a los críticos, igualándolos con quiénes niegan el genocidio nazi, y quieren castigarlos con prisión de dos meses a dos años a través de un proyecto de ley que presentaron en 2019?

Uno de los argumentos es que las cifras menores a 30.000 son utilizadas para disminuir la dimensión de la violación de los derechos humanos de la dictadura; para quitarle el carácter de “genocidio” que, según ellos, comparte con el Holocausto o, mejor dicho, la Shoá.

Pero, hace ya tiempo que está claro en el mundo que un genocidio no tiene que ver con la cantidad de muertos sino con la intención manifiesta de destruir a un grupo de personas por razones muy específicas.

El número mágico de los 30.000 parece haber surgido en Europa, donde los exiliados argentinos debían competir por la atención de la gente, pero también de los gobiernos y las Organizaciones No Gubernamentales, con muchos otros refugiados latinoamericanos, que eran mejor aceptados por su pertenencia al socialismo o al comunismo mientras que a los peronistas se los miraba con recelo porque se los vinculaba al fascismo.

En su libro La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, Graciela Fernández Meijide señaló que la cifra fue creada por los exiliados en Europa para lograr un mayor impacto en sus denuncias. Madre de un adolescente desaparecido, ella fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y secretaria de la Conadep.

El ex montonero Luis Labraña fue aún más preciso: “Yo estaba exiliado en Amsterdam cuando las Madres llegan a Europa con una lista de 3.700 ó 4.700 desaparecidos y piden ayuda. A los europeos, que tuvieron seis millones de judíos muertos en los campos de concentración de los nazis, les parecía que era poco y se complicaba el apoyo económico”.

“Por eso —agregó— se empezó a discutir en toda la colonia de argentinos exiliados si decíamos que eran 7 mil, 8 mil, 12 mil… En una de esas discusiones, yo simplemente dije: ´¿Por qué no decimos 30 mil?´, y quedó. No fue una leyenda la de los 30 mil desaparecidos; fue una necesidad”.

Hay otra causa por la cual se insiste tanto en la cifra de los 30.000: sus defensores temen que, si reconocen que fueron menos, deban explicar por qué tardaron tanto tiempo en admitir esa verdad y pierdan legitimidad como un actor que todavía tiene relevancia en la escena pública, aunque menos que antes por su pertenencia a una fuerza política determinada, el kirchnerismo.

Los 30.000 son una bandera que aún tiene su arrastre y sirven para mantener unido a un grupo de fieles bastante numeroso, minoritario pero muy movilizado y sonoro. Y para hacerse valer dentro del kirchnerismo, donde los líderes de los derechos humanos siempre han jugado el rol de escudo ético —tanto defensivo como ofensivo— de Néstor y Cristina Kirchner.

“La izquierda da fueros”, decía el ex presidente Néstor Kirchner, ya fallecido. Y la bandera de los 30 mil otorga inmunidad, al menos en un sector de la sociedad, frente a las denuncias sobre presunta corrupción pública que aún persiguen a Cristina, la jefa del poderoso clan nacido en la Patagonia.

*Periodista y escritor, su último libro se titula Masacre en el comedor.